Ley de Consulta Previa en su etapa final

"Estamos entrando en la recta final del proceso, este mes de febrero estamos culminando el trabajo de preparación del reglamento y también este mes se va a dictar (...) es una medida muy esperada por el país", dijo el funcionario a la agencia Andina.

Sostuvo que el documento se encuentra bastante avanzado tras haberse recogido los aportes de los representantes de las comunidades indígenas, el sector privado, y de algunas ONG ambientalistas.

Informó, además, que el 17 de este mes se debe reunir nuevamente la comisión multisectorial para empezar la redacción final del documento.

El funcionario explicó que en total se han desarrollado seis talleres de discusión en diferentes partes del país, con la participación de tres mil representantes indígenas, quienes han podido opinar y dar sus aportes sobre la propuesta.

Lo importante de todo este proceso, comentó, es que más allá de las diferencias existentes sobre el reglamento, por fin las comunidades indígenas tendrán el derecho de ser consultadas, tal como fue la promesa del Gobierno.

La Ley de Consulta Previa fue promulgada por el presidente Ollanta Humala el 6 de setiembre del ańo pasado.

La norma, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece el derecho a la consulta informada a las comunidades antes del desarrollo de actividades extractivas y de otra naturaleza en sus territorios.

El viceministro de Interculturalidad manifestó también que por la experiencia observada en países como Colombia y Canadá, donde también se aplica este mecanismo, sí es posible compatibilizar la consulta previa con las inversiones mineras.

Por ello, consideró que ese debe ser el reto del Perú para los próximos ańos.

"Es un objetivo que en el Perú tenemos que alcanzar. El reglamento servirá de base y de seguridad jurídica para todos los actores,  la población indígena, las empresas y el propio Estado, para que podamos generar beneficios y logros que todas las partes puedan compartir", manifestó.

Según manifestó, la vigencia de la Ley de Consulta Previa es apenas el punto de partida de un proceso a favor de las comunidades, que implica la construcción de una nueva institucionalidad en el Estado, con una entidad rectora, que defienda sus derechos.